Estamos hablando de Rusia y Bielorrusia, dos países que están muy vinculados entre sí pero que tienen distintas razones para no darse por descontadas bajo la orden de la justicia española.
Páez Quintero alegó que no debía ser extraditado “porque es un hecho notorio las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufren los mexicanos que se encuentran sujetos a proceso penal o cumpliendo una pena de prisión en Estados Unidos”.
Una semana después fue puesta en libertad bajo fianza por la presión de los medios, pero se inició una investigación por su tortura en prisión.
En muchos casos, la decisión final puede depender de la gravedad del delito, la existencia de garantías de un juicio justo y el respeto a los derechos humanos de la persona solicitada.
Tras analizar el proyecto de ley, entre sus conclusiones ponderaron que la Sala Constitucional ha establecido que la Asamblea Legislativa “tiene vedado limitar, reducir o restringir el contenido esencial de los derechos fundamentales o humanos o modificar principios originarios de organización política territorial”, pues se trata de normas que “no pueden ser modificadas a través de la reforma parcial de la Constitución, pues requieren de una reforma absoluta”.
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En este proceso, el Estado que solicita la extradición debe presentar pruebas de la culpabilidad del solicitado, y el país requerido debe determinar si las pruebas son suficientes para justificar la entrega.
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Sin embargo, hay algunos países que actualmente no tienen tratado de extradición con México. A continuación, explicaremos cuáles son estos países y las implicaciones que esto tiene para la justicia mexicana.
El Centro de Asistencia authorized Internacional del Tribunal de Distrito de Ámsterdam ha aprobado ya la petición de extradición de la primera de tres personas arrestadas en Países Bajos en conexión con el tiroteo ocurrido en Madrid, según recoge este jueves la agencia neerlandesa ANP, que asegura que España se ha comprometido a que, en caso de ser condenada, la acusada podrá cumplir su pena en territorio neerlandés.
La propuesta en cuestión se tramita bajo el número de expediente 23.701, fue presentada por la jefa oficialista Pilar Cisneros y como se dijo, pretende modificar el artworkículo 32 de la Constitución, que hoy simplemente dice “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, para añadir “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
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La sospechosa, identificada como Chahinez K., tiene 27 años y fue arrestada en Países Bajos a finales de abril a solicitud de las autoridades españolas. Se le acusa de financiar y ayudar a planear el tiroteo.
“Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los paises que no tienen extradicion Tratados en los que España sea parte.